Juicio por los expedientes del ex jefe de estado Helmut Kohl -   (a partir 2017)
 

Al igual que otros jefes de estado alemanes, Helmut Kohl, cuando dejó el cargo, no envió los expedientes que había creado durante su mandato al Archivo Federal sino a la Fundación privada Konrad Adenauer. Aunque esto es ilegal, ya que estos archivos no son recuerdos personales, es tolerado y fomentado por la Presidencia. Así, los expedientes se retiran del acceso del público, no hay transparencia, se anulan la Ley Federal de Archivos y la Ley de Libertad de Información. Pero los alemanes lo aceptan.

Después de la sentencia del Tribunal Constitucional Federal, que yo gané, está claro que estos archivos siguen siendo propiedad del Gobierno Federal. Por lo tanto, primero pedí a la Sra. Maike Kohl-Richter tener acceso a estos archivos almacenados en su sótano en Oggersheim. Como ella no respondió, presenté una denuncia penal contra ella. La fiscalía se negó a iniciar la investigación, ya que "no hay ninguna sospecha inicial" de que la Sra. Kohl-Richter poseyera archivos oficiales. El biógrafo de Kohl, Dr. Heribert Schwan, había declarado repetidamente que había trabajado con estos archivos en Oggersheim, y que los archivos habían sido enviados por la Fundación Konrad Adenauer. Y el Archivo Federal no se cansa de exigir que estos archivos sean transferidos a su ubicación legalmente establecida. Pero los fiscales en Alemania no son independientes sino que están obligados por instrucciones del Ministerio de Justicia. Por lo tanto, no me sorprende que no quieran investigar este asunto. Mi abogado, Raphael Thomas, ha presentado una queja e iniciado un procedimiento para obligar a la fiscalía de actuar. Esto ha sido rechazado por el Tribunal Regional Superior de Zweibrücken. Aunque el tribunal ha aclarado que los archivos de Kohl están efectivamente almacenados en Oggersheim, ha rechazado las investigaciones penales, ya que estos archivos tendrían que ser reclamados por la Presidencia (propietaria legal) y no por los periodistas o los ciudadanos. Conclusión: Es efectivamente ilegal que los archivos estén escondidos allí, pero la Sra. Kohl-Richter no tiene por qué tener una sensación de cometer un delito, ya que la Oficina de la Sra. Merkel una vez externalizó voluntariamente estos archivos a personas privadas. Ya presenté una queja constitucional.

El Tribunal Constitucional Federal había desestimado formalmente mi demanda en ese momento porque yo habría demandado a la autoridad equivocada: al Archivo Federal y no a la propietaria de los expedientes, la Presidencia. Entonces, demandé a la oficina de Angela Merkel, al BKAmt por los expedientes de Kohl. El 26 de mayo de 2020, el Tribunal Administrativo de Berlín rechazó mi demanda. ¿Que los archivos son propiedad de la oficina? No importa. ¿Que el Tribunal Constitucional Federal exige el principio de igualdad? No importa ¿Por qué la Presidencia, al no pedir los documentos a la viuda, concede el derecho a ver los expedientes a ella, pero no a los demás ciudadanos e investigadores? Tampoco importa. Ni siquiera se sabe si hay realmente expedientes oficiales allí, según el departamento jurídico del BKAmt en el juicio. Además, a nadie ha pedido la devolución de los expedientes desviados; por eso se respecta el principio de igualdad.

El tribunal continuó permitiendo almacenar documentos oficiales en sótanos y fundaciones privadas y así retirarlos del acceso público. Tampoco me dieron el derecho a ver los registros de su archivo. De esa manera cualquier investigador se vería así privado de la oportunidad de solicitar a las autoridades la des-clasificación de un expediente todavía secreto o de apelar ante el Tribunal Administrativo Federal. Eliminan así todos los recursos legales desde el principio. La culpa tiene el legislador, argumentó la jueza, porque no escribieron en la ley la obligación de recuperar los expedientes.

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de Karlsruhe, se modificó la Ley de Archivos Federales y se convocó a un experto a la audiencia del parlamento, el Bundestag: el archivero de la Fundación Konrad Adenauer (del partido conservador demócrata cristiano). Y dejó claro que hablaba en nombre de TODOS los partidos: el Partido de la Izquierda, los Verdes y los liberales (FDP) le habían dado su mandato. Esto está documentado en el protocolo del Bundestag. El archivero de la KAS naturalmente quería conservar los archivos oficiales y dijo que los documentos del partido no debían separarse de los archivos oficiales, sino que debían seguir guardándose en archivos privados. Así pues, el parlamento no estableció la obligación de recuperar los expedientes perdidos en la nueva ley. En otras palabras: TODAS las partes están de acuerdo en restringir la libertad de información y la transparencia frente a los historiadores, periodistas y ciudadanos.

Había concurrido al tribunal para poner fin a una situación ilegal, la privatización de los registros oficiales. El tribunal ha consolidado este estado ilegal.

En agosto de 2022 se presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo Federal (BVerwG). Y el 29 de marzo de 2023, la Corte escuchó el caso. Confirmó la jurisprudencia anterior, declarando que no existía obligación de recuperar los expedientes. Todavía no hay sentencia escrita, pero hace tiempo que el mundo se rei de la República Federal. En Estados Unidos, el FBI allanó los domicilios de Donald Trump y del presidente en ejercicio y incautó un montón de documentos oficiales, incluido material clasificado. Trump y Biden se enfrentan a cargos penales, mientras que mi denuncia penal contra la viuda de Kohl ha sido rechazada y actualmente está a la espera de ser tratado por el Tribunal Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo. Bochornoso, bochornoso, bochornoso....