Después del fin del nacionalsocialismo, el Obersturmbannführer de las SS, Adolf Eichmann, se escondió y se fue a Argentina en 1950. Fue detenido en 1960 y posteriormente juzgado, condenado a muerte y ejecutado en Israel. Numerosos detalles del secuestro/traslado de Eichmann aún no están claros.

Mi primera demanda para el acceso a los archivos del Servicio Federal de Inteligencia (Bundesnachrichtendienst) tuvo un éxito parcial en 2011. La sección especial del Tribunal Administrativo Federal decidió que el Servicio de Inteligencia Exterior debe presentar varios expedientes (Caso Nº 20 F 22.10, 7 A 6.08).

Sin embargo, muchos otros documentos permanecen bajo llave. Por lo tanto, he solicitado de nuevo la inspección de los archivos. Mi abogado, Raphael Thomas, argumenta que incluso el período de protección de 60 años en virtud del párrafo 3 del artículo 11 de la Ley de Archivos Federales ya ha expirado. Nuestra solicitud fue parcialmente exitosa. Entretanto, el Servicio Federal de Inteligencia ha presentado algunas partes del expediente que el Tribunal Administrativo Federal aún consideraba sujetos a secreto en 2012. Sin embargo, muchos documentos siguen siendo secretos o sólo ennegrecidos.

Por lo tanto, he presentado otra vez una demanda ante el Tribunal Administrativo Federal exigiendo acceso a los expedientes completos y sin ennegrecer. Sesenta años después de la creación de los documentos, el Servicio Federal de Inteligencia ya no puede invocar la protección de sus métodos o su relación con los servicios secretos extranjeros para impedir la reevaluación histórica.

Sobre la batalla legal por los archivos de Eichmann: el documental (en alemán) “Secreto Eterno” (“Ewig Geheim”).
 

Confiaba en que las autoridades y los jueces alemanes se ceñirían a las leyes escritas, que han acompañado a la civilización humana desde tiempos inmemoriales (enlace). La Ley de Archivos Federales (BArchG) establece claramente:

11. Plazos de conservación: (1) El plazo general de conservación del material de archivo federal es de 30 años, salvo que la ley disponga lo contrario. (…)
12. (3) El Archivo Federal podrá acortar o ampliar el plazo de conservación, de conformidad con el apartado 3 del artículo 11, hasta un máximo de 30 años si ello redunda en interés público.

Esta confianza, por supuesto, fue ingenua. En junio de 2026, tuvo lugar el juicio oral ante el Tribunal Administrativo Federal (BVerwG). Mi abogado Thomas había fallecido repentinamente unos días antes. Desde entonces, me representa el abogado Christoph Partsch, experto en la Ley de Libertad de Información y la Ley de Archivos Federales. Los jueces desestimaron el caso. Citaron el artículo 13 de la Ley de Archivos Federales (BArchG), que establece: «Los Archivos Federales restringirán o denegarán el acceso, de conformidad con los artículos 10 a 12, si: 1. existen motivos para creer que el uso pondría en peligro el bienestar de la República Federal de Alemania o de alguno de sus estados; (…) 3. el uso infringiría las disposiciones legales federales sobre confidencialidad».

Este argumento ignora el hecho de que los Archivos Federales (que, por cierto, están sujetos a las instrucciones de la Cancillería) no se pronunciaron en absoluto en mi caso. El artículo 13 no suspende el plazo máximo de mantenimiento del secreto, ni siquiera lo menciona. Simplemente otorga a los Archivos Federales —donde, al fin y al cabo, trabajan historiadores, no juristas - la opción de prorrogar el plazo de conservación legalmente establecido, por ejemplo, de 30 a 60 años. Como ya he dicho, ni los Archivos Federales ni ningún otro historiador fueron consultados. El tribunal se escudó en la decisión de su panel de expertos, elegido a dedo, y la consideró vinculante. La libertad de prensa, de información y de ciencia se mencionan solo de pasada en la sentencia escrita, pero ellas deben estar subordinadas a otras normas más importantes, como el «bien de la República Federal». La ley no prevé un juicio a puerta cerrada ni un tribunal de expertos interno. Puede encontrar más detalles sobre el juicio aquí.

Mi abogado ha presentado un recurso de inconstitucionalidad y llevará el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.